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Boletín de noticias 24 de abril de 2012
A LA MEMORIA DE UN 'NIVELADOR': JUAN JARAMILLO
Por: Rodrigo Uprimny
La muerte prematura de Juan Jaramillo, fundador de Dejusticia, colega de la Universidad Nacional y de la Corte Constitucional, y amigo entrañable, deja un vacío difícil de llenar, porque se nos fue un académico notable, un juez justo y un gran profesor. Pero sobre todo nos abandonó una persona excepcional.
A pesar de que su obra quedó trunca, Juan alcanzó a hacer contribuciones académicas muy valiosas. Por citar un solo ejemplo, sus estudios electorales son lo mejor que se ha escrito sobre el tema en Colombia. Pero a Juan se le quedaron muchas cosas muy valiosas en el tintero, como sus estudios sobre el constitucionalismo latinoamericano, que sus colegas intentaremos reconstruir y divulgar, no sólo como un homenaje a su memoria sino por el valor intrínseco de sus tesis y enfoques.
Como lo destacó Mauricio García, pocas personas como Juan sabían escuchar a los otros con tanta atención y valorar sus visiones en forma tan cuidadosa e imparcial. Esa actitud vital, junto con su inteligencia y su juicio para preparar las clases o para investigar los temas de las sentencias que tenía que redactar, hicieron de Juan, casi naturalmente, un gran juez y un enorme profesor (y no sólo por su estatura física).
Pero no son esos atributos profesionales notables los que quiero destacar. Quiero sobre todo recordar uno de sus rasgos esenciales: su espíritu igualitario.
La capacidad de Juan para escuchar con calidez a los otros y asombrarse genuinamente con sus planteamientos era en el fondo la expresión cotidiana de un elemento fundamental de su personalidad: su espíritu igualitario, que no era en él una idea teórica sino una actitud ante la vida. Juan realmente creía en la igualdad profunda de todos los seres humanos y por ello a todos nos trataba con el mismo respeto y cordialidad.
Pero su calidez no era por debilidad de carácter o por ingenuidad sino por su vocación igualitaria. Por ello, al mismo tiempo que era cordial con un estudiante, Juan podía ser digno y altivo frente a un decano atropellador o algún colega presuntuoso. Y es que una de las cosas que más aborrecía era la arrogancia de los poderosos. Alguna vez le oí decir a Gabriela, su maravillosa y solidaria esposa, que Juan se asombraba con todos y con todo, pero al mismo tiempo no se dejaba deslumbrar por nadie ni por nada.
Con esos rasgos de carácter, no tiene nada de extraño que Juan, que era uno de los mejores conocedores en América Latina de la historia constitucional inglesa, se hubiera apasionado siempre por el movimiento de los ‘niveladores’ o Levellers del siglo XVII.
Este movimiento fue el ala radical e igualitaria de la Guerra Civil Inglesa y reclamaba, ya en 1647, mucho antes de Rousseau y de los jacobinos, la soberanía popular y la igualdad jurídica y política de todos. Su manifiesto, que se llamaba significativamente el Pacto del pueblo (An Agreement of the People), planteaba la abolición de los privilegios de nacimiento, rango o riqueza, a fin de que las autoridades tuvieran que tratarnos a todos por igual.
Juan se maravillaba de que en una sociedad tan jerarquizada, como la Inglaterra del siglo XVII, hubiera nacido un movimiento que tuviera un espíritu tan igualitario o nivelador como los ‘niveladores’. Pero yo me conmovía de su asombro; siempre pensé que era mucho más deslumbrante que en la desigual Colombia del siglo XX hubiera nacido y vivido ese ‘nivelador’ contemporáneo que fue Juan Jaramillo. Tal vez nuestro mejor homenaje a su memoria sea recordar y preservar su espíritu igualitario y nivelador, tan necesario pero tan escaso en nuestra América Latina, tan inicua y excluyente.
EL TIEMPO
DOSIS MÍNIMA ES UN DELITO, DICE EL PROCURADOR ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Ordóñez considera que norma que declara como un delito la dosis mínima no viola derechos.
En concepto a la Corte Constitucional, el Jefe del Ministerio Público dice que la norma que declara como delito el porte de sustancias psicotrópicas no viola los derechos fundamentales de las personas.
La disposición, demandada por David Delgado Vitery, fue aprobada en el Congreso por la Ley 1453 y sancionada por el presidente Álvaro Uribe el 24 de julio del 2011.
La Ley reforma el Código Penal y de Infancia y de la Adolescencia y las normas de extinción de dominio.
El pronunciamiento de Ordóñez se conoce luego de que el director de la Policía, el general Óscar Naranjo, propusiera en entrevista con EL TIEMPO la despenalización del consumo de Marihuana.
Al respecto, el fiscal general Eduardo Montealegre también se pronunció y consideró que es necesario volver a despenalizar el porte de la dosis mínima por ser un asunto de salubridad pública y no un delito.
El demandante señala que la norma desconoce la dignidad de la persona humana y atropella el principio de autonomía de las personas y el libre desarrollo de la personalidad.
Según Ordóñez prohibir y castigar el porte de estupefacientes en cantidades mínimas no se pueden separar del fenómeno del narcotráfico, el cual implica su producción, su transporte y su venta.
También aclara que la disposición no tiene por objeto castigar a los adictos o consumidores ni considera delito el consumo de estupefacientes.
Lo que establece la ley, concluye el Procurador, es que "el porte y consumo de drogas estupefacientes o psicotrópicas está prohibido por la Constitución, salvo prescripción médica", y estas disposiciones ya fueron declaradas exequibles por la Corte al resolver la exequibilidad de la reforma constitucional que prohíbe el llevar consigo droga.
ASÍ OPERABA EL SAQUEO DE PENSIONES DE MAESTROS
Jueces de Córdoba ordenaron mesadas a personas que ya las reciben o fueron suplantadas.
Dos jueces de Lorica, dos de Planeta Rica y uno de Chinú, todos en Córdoba, pusieron en jaque el fondo que asegura, cada mes, el pago de la pensión de 135.000 maestros públicos en el país.
Desde esos despachos se ordenó el embargo de más de 457.000 millones de pesos del Fondo de Prestaciones del Magisterio.
El caso fue denunciado ayer por los ministerios de Educación y Hacienda, pero ya desde hace varios meses la Contraloría y la Procuraduría venían moviéndose para evitar el saqueo. Los dos organismos lograron que la mayoría de esa plata se quedara congelada en bancos hasta que tribunales superiores ratifiquen la legalidad de las decisiones de los jueces. Un equipo de procuradores judiciales pidió la revisión de 33 fallos, mientras que delegados de la Contraloría congelaron los activos que posee La Previsora.
"El pago de la mesada pensional de los maestros en todo el país vale 226.000 millones de pesos. Si se hubiera perpetrado este 'carrusel', habría consumido dos meses las mesadas", dijo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.
El modus operandi fue calcado del que se usó en el saqueo a Foncolpuertos y Cajanal. En el saqueo, además de los jueces, participaron seis abogados.
Las primeras demandas aparecieron en el 2008 en el Juzgado Promiscuo de Lorica. A pesar de que La Previsora demostró que varios de los demandantes ya estaban recibiendo la mesada, terminó pagando 4.000 millones de pesos.
Las órdenes de embargo fueron respaldadas por el exsecretario de Educación de Córdoba José Chica, quien reconoció la pensión a 66 maestros y terminó envuelto en un proceso penal y destituido por la Procuraduría. El abogado Jaime Enor Agames Pineda, que representó a los pensionados, fue denunciado por 14 de ellos ante la Judicatura. Aseguran que nunca firmaron poder para que los representara y que jamás recibieron el dinero que supuestamente les pagaron.
La Judicatura comprobó que hay inconsistencias en las firmas y otras alteraciones en, al menos, 30 poderes. En otro caso similar, 36 pensionados denunciaron a la abogada Lorna Martínez Vélez.
Ellos aseguran que se quedó con 2.000 millones de pesos que les fueron entregados como pago de indexación de mesadas.
La misma actuación se repitió después en Planeta Rica. El juez promiscuo Ángel Darío Aycardi Galeano ordenó el pago de 148.000 millones.
Según cifras que maneja la Contraloría, entre diciembre del año pasado y el 16 de abril los juzgados promiscuos de Chinú y Planeta Rica tramitaron demandas, casi todas laborales, por 362.054 millones de pesos en contra de la Nación.
Pero el desangre continúa. En una reciente comunicación, la Gobernación de Córdoba le notificó a la Procuraduría que le han llegado notificaciones de mandamientos de pago de acreencias laborales de maestros por otros 10.000 millones de pesos.
El caso de San Antero
El actual juez penal de Lorica (Córdoba), Juan Ernesto Lozano, es investigado por el Consejo Superior de la Judicatura ante un posible fraude en el envío de un expediente de tutela a la Corte Constitucional.
La denuncia la hizo el magistrado Jorge Pretelt, a quien le fue asignado el caso. La tutela ordena al municipio de San Antero (Córdoba) el pago de 80 millones de pesos por pago de prestaciones supuestamente mal liquidadas.
Es una de las decenas de demandas que tienen a ese municipio en crisis, porque le tocaría pagar más de 3.000 millones de pesos a personas que no tienen derecho a las reclamaciones.
TESTIGO CLAVE EN CASO DE PALACIO DE JUSTICIA NO FUE SUPLANTADO: CTI
Así lo determinó un peritazgo grafológico realizado por el CTI en cumplimiento de orden de un juez.
El cabo del Ejército Édgar Villamizar, testigo clave en la investigación contra varios militares por la retoma del Palacio de Justicia en 1986, no fue suplantado y podría enfrentar procesos por intentar engañar a la justicia.
Un informe del CTI de la Fiscalía determinó que Villamizar fue la misma persona que en agosto del 2007 fue escuchado por la exfiscal Ángela María Buitrago en la declaración en la que dijo que vio vivos a varios de los desaparecidos y oyó al coronel Luis Alfonso Plazas decir: "¡Cuelguen a esos h.p.!" Ese testimonio fue clave para condenar al oficial a 30 años de prisión.
El suboficial reapareció el 23 de mayo del 2011 y dijo que no había dado la declaración y que había sido suplantado, señalando que su firma fue falsificada. Esto sirvió para que la defensa de Plazas pidiera que se revocara la sentencia.
Peritos del CTI tomaron las dos declaraciones del testigo y la firma de su hoja de vida y concluyeron que se trata de la misma persona. Los peritos usaron microscopios de alta resolución para examinar la letra. Para la Fiscalía, el dictamen y el reconocimiento fotográfico de Villamizar no dejan duda de que fue él quien entregó el testimonio contra los militares.
APLAZADA DECISIÓN DE LA CORTE SOBRE RÉGIMEN DE PENSIÓN DE CONGRESISTAS
El tribunal definirá si es constitucional que se pensionen con el 75% del salario de su último año.
La Sala Plena de la Corte Constitucional no se pronunció hoy sobre el futuro de las pensiones más altas del país y la decisión quedó aplazada para los próximos días.
La Sala Plena extraordinaria, convocada para las 4:30 p.m. de este lunes, contó con la presencia de los magistrados Humberto Sierra, Jorge Pretelt, Eduardo Mendoza, Mauricio González y Juan Carlos Henao.
Los cinco magistrados discuten si es constitucional el artículo de la ley que regula las pensiones de los congresistas y que establece que podrán pensionarse con el 75 por ciento del salario que recibieron en el último año de labores, ante el impedimento de cuatro de sus colegas.
Dos de los cuatro miembros del alto tribunal que se declararon impedidos para participar en el debate, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio, esgrimieron como argumento el hecho de contar con una pensión, que está suspendida mientras cumplen su periodo.
El magistrado Ernesto Vargas también esgrimió como causa de su impedimento el estar tramitando su mesada. Lo mismo señaló su colega, María Victoria Calle. Para resolver estos impedimentos se convocó una sala de conjueces que los aceptó.
La norma, según el demandante, el abogado Dionisio Araujo, contradice los principios de igualdad y de proporcionalidad de la Constitución porque fija un porcentaje fijo para liquidar las pensiones de los congresistas sin tener en cuenta los aportes que hagan al sistema de pensiones.
Ese porcentaje, agrega el abogado Araujo, "vulnera el derecho a la igualdad de los pensionados que están por fuera de ese régimen, contradice los principios que rigen el sistema general de pensiones del Estado y no contribuye a generar condiciones de equidad en los gastos de la Nación".
Además, contradice lo dispuesto en la reforma constitucional del 2005, que eliminó los régimenes especiales de pensiones.
El procurador Alejandro Ordóñez, en un concepto, le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para resolver la demanda por errores en su presentación.
Según el Procurador, el artículo del régimen de pensiones del Congreso ya no produce efectos por haber sido derogada con la reforma del 2005. Sin embargo, admite que seguiría rigiendo "únicamente en algunos casos concretos y particulares".
Si los cinco magistrados convocados a la Sala Plena de este lunes no resuelven el tema por unanimidad, de acuerdo con el reglamento de la Corte, el caso se alargaría porque tendrían que elegir a cuatro conjueces en reemplazo de sus colegas que se declararon impedidos.
CORTE EXAMINARÁ ESTE MIÉRCOLES REFORMA A LAS REGALÍAS
La constitucionalidad de la reforma será votada en la sesión de Sala Plena del próximo miércoles.
La constitucionalidad de la reforma a la Carta Política que aprobó el Congreso, en la que modifica la distribución de las regalías, será votada en la sesión de Sala Plena del próximo miércoles, confirmaron fuentes de la Corte Constitucional.
La discusión de la norma, que modifica la distribución de las regalías prevista en los artículos 360 y 361 de la Constitución, no pudo realizarse en la sesión del pasado jueves.
Los magistrados deben decidir si el trámite que se le dio a la norma en el legislativo tiene errores de forma que obligan a que sea declarada inexequible.
EL ESPECTADOR
PERSONERO DE CALI DENUNCIA 'MICO' EN REFORMA A RÉGIMEN MUNICIPAL
El artículo 40 de la iniciativa, que entra a último debate en Plenaria de Senado, obliga a personeros y contralores locales a 'negociar' sus sueldos con los respectivos concejos.
Presentada por el Gobierno como una iniciativa que busca modernizar y hacer más eficiente la normatividad de los municipios en todo el país, el proyecto de ley de reforma al régimen local —que acaba de pasar a último debate en la plenaria del Senado— incluye un artículo (el N° 40), que llama a la polémica por ir en contra de la independencia que deben tener los órganos de control: obliga a personeros y contralores municipales a tener que ir a negociar con los concejales el monto de sus salarios.
Según el personero de Cali, Andrés Santamaría, se trata —ni más ni menos— de subordinar la labor de los órganos de control a los criterios políticos de los concejos, acabándose así con la autonomía de éstos para que ejerzan sus labores de control y vigilancia. “Es como si el Procurador General de la Nación tuviera que ir a negociar su sueldo con los congresistas. Si verdaderamente se quiere modernizar las personerías y las contralorías, miremos otros temas, por ejemplo, que la elección se haga por meritocracia, de ternas presentadas por la Academia, pero con esta norma, que no implica ninguna mejoría en las finanzas de los municipios, nos están volviendo mendigos ante los concejales”, dijo Santamaría en diálogo con El Espectador.
En efecto, según reza el artículo en mención, “el monto de los salarios para los contralores y para personeros de los municipios y distritos, será determinado por el concejo conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4 de 1992, sin correspondencia alguna con el salario del alcalde. El salario que determine el concejo para contralores y personeros no podrá ser superior al que tenga el respectivo alcalde”.
La normatividad actual estipula que los salarios de personeros y contralores van de acuerdo lo que se gana el alcalde y a la categoría del municipio. En el caso de capitales importantes —como Bogotá, Cali o Medellín— el sueldo es igual al del burgomaestre, el cual es fijado por el Gobierno mediante decreto.
Para Santamaría, quien se ha convertido en vocero de personeros y contralores de las principales ciudades del país, lo que se quiere hacer con el artículo 40 de la reforma al régimen municipal atenta contra el Estado de Derecho, y podría acarrear una serie de demandas contra la Nación. “La idea es que vamos a reunirnos en Bogotá la próxima semana para hacer un pronunciamiento. Queremos llamar la atención de los congresistas sobre la inconveniencia de ese artículo, el cual lo único que hace es debilitar la democracia, uno de cuyos pilares es que haya pesos y contrapesos”, señaló.
Y agrega: “Pero al mismo tiempo, hay vulneraciones de tipo individual en cuanto a las condiciones laborales de personeros y contralores. Cuando yo me inscribí para ser elegido personero de Cali por un período de cuatro años, fue bajo unas condiciones laborales definidas y esperando seguir con ellas. Pero aquí lo que puede pasar es que si a un grupo político no le gusta lo que estoy haciendo, porque estoy investigando alguna dependencia donde tiene representación, van a buscar desmejorar mi salario. Si es así, se van a venir una serie de demandas contra el Estado”.
Al ser indagado sobre el polémico artículo, el senador Luis Fernando Velasco —ponente de la iniciativa— reveló que ello fue incluido a solicitud de la Federación Colombiana de Municipios, que argumentó que no era justo que un personero o contralor se ganara lo mismo que un alcalde cuando éste último tiene mayores responsabilidades. La idea es que el sueldo de los jefes de los organismos de control locales sea máximo el 70% de los burgomaestres. “Admito que es algo muy controversial, que la redacción del artículo da para muchas dudas y que tendremos que revisarlo no sólo en el Congreso, sino con los mismos alcaldes, personeros y contralores”, concluyó.
PEDIRÁN CAPTURA DE TESTIGO CLAVE EN PROCESO DEL PALACIO DE JUSTICIA
Los abogados de la parte civil solicitarán que se procese al cabo Edgar Villamizar por el delito de desaparición forzada.
Los abogados que defienden los intereses de los desparecidos del Palacio de Justicia le solicitarán en los próximos días a la Fiscalía General que se ordene la captura del cabo (r) Edgar Villamizar Espinel.
Para los juristas, teniendo en cuenta la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el suboficial tiene que ser investigado por los delitos relacionados por el fraude dentro de su declaración ante los organismos judiciales, así como su presunta participación en las torturas y desapariciones forzadas ocurridas en la Escuela de Caballería el 7 de noviembre de 1985.
“Esperamos que el ministro de Interior Germán Vargas Lleras y el Procurador General Alejandro Ordoñez cumplan su deber legal y entreguen a las autoridades correspondientes la información de contacto y ubicación del militar en retiro”, aclara el comunicado.
En este sentido se solicitará además que se le brinde a las autoridades correspondientes un esquema de seguridad debido a las amenazas que ha recibido en los últimos años.
“Demandamos que el Procurador General aclare por qué el Ministerio Público posibilitó este fraude a la justicia y la Nación”, precisa uno de los apartes de la solicitud presentada por la parte civil basándose en el informe grafológico publicado por el CTI de la Fiscalía en el que se descarta la posibilidad de una suplantación en las declaraciones presentadas por el cabo en retiro.
FRAUDE CONTRA EL ESTADO
En la solicitud presentada por los juristas se señala que el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado “encabezó” un fraude con el fin de solicitar la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada por los hechos registrados en el seis y siete de noviembre de 1985.
“La consecuencia más importante de estudio técnico, es que deja al descubierto el fraude que a través de la Procuraduría General de la Nación se quiso hacer a la administración de justicia, a la verdad sobre la responsabilidad de Luis Alfonso Plazas Vega en la desaparición de 11 personas y a la sociedad colombiana al presentar al ex suboficial Edgar Villamizar Espinel como una víctima de la Fiscalía”, se aclara.
Lo que dijo el Tribunal Superior
En el histórico fallo que ratificó la condena de 30 años de prisión contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la Sala Penal del Tribunal Superior puso además el dedo en la llaga en otros temas y personajes relevantes durante el proceso investigativo por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Señala en una de sus consideraciones, que el cabo (r) Edgar Villamizar, uno de los principales testigos en contra de los militares, podría ser investigado por haber participado de manera directa e indirecta en el delito de desaparición forzada agravada.
El Tribunal Superior consideró que es necesario investigar a todas las personas que personas que participaron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia, principalmente los uniformados que pertenecieron a la agregación militar de la Brigada VII de Villavicencio, con el fin de establecer si participaron o conocieron los hechos en los que 11 personas fueron desaparecidas.
"Se investigue la posible intervención del deponente, así como la de sus miembros de la Brigada VII de Villavicencio (Comando Integrado Antiextorsión y Secuestro), que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 estuvieron en la Escuela de Caballería y posiblemente participaron en la ejecución de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio de los que fueron víctimas las personas rescatadas del Palacio de Justicia”, precisa uno de los apartes.
En su decisión se considera además que en el caso específico de Villamizar, éste “prestó una colaboración eficaz y por tanto debe examinarse la posibilidad de otorgarle los beneficios que la ley permita”, precisando el hecho de que el testimonio del cabo permitió abrir las investigaciones que permitieron establecer la participación de un grupo de militares en el delito de desaparición forzada agravada.
Sin embargo, el Tribunal hace un llamado para que las personas que tengan un conocimiento sobre el paradero de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19, se presenten ante los organismos judiciales para que den su declaración sobre los hechos ocurridos hace más de 26 años.
“La Sala considera oportuno señalar que todas las personas que brinden una colaboración eficaz que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos y la fijación de otros responsables, pueden acercarse a la Fiscalía General de la Nación a reportar lo que conduzcan sobre la forma cómo se ejecutaron las acciones punibles y señalar a los responsables de las mismas”, se aclara en una de las conclusiones del fallo de 968 páginas.
Esta solicitud, también abarca a los militares procesados y condenados por estos hechos, los cuales, según sea la importancia y validez de la información que presenten, podrían recibir una rebaja en sus penas, otorgamiento de prisión domiciliaria o libertad condicional, e incluso su incorporación al programa de protección de víctimas y testigos.
Pero también las personas que quieran colaborar con la justicia tendrán que entregar información sobre quiénes fueron los responsables de torturas y amenazar de muerte en reiteradas oportunidades a los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, quienes fueron trasladados de la Casa del Florero al Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) señalados de ser guerrilleros.
TESTIGO CLAVE EN PROCESO POR PALACIO DE JUSTICIA NO FUE SUPLANTADO
Así lo indicó una prueba grafológica practicada al cabo (r) Edgar Villamizar, quien negó haber testificado en contra de los militares.
El estudio grafológico tuvo en cuenta la declaración que Villamizar entregó a la entonces fiscal Ángela Buitrago, en la que firmó como Édgar Villarreal. Así mismo, se analizaron tres páginas registradas por Villamizar en una reunión del 24 de julio de 2007, que correspondían a escritos y planos elaborados por él mismo. Estas pruebas fueron contrastadas con 17 páginas de muestras que le tomaron al exmilitar en audiencia pública el pasado 23 de febrero, además de las tres actas que firmó ese mismo día.
El análisis incluyó, además, la revisión de documentos como las declaraciones de renta de Villamizar de2001, 2002 y 2003, su hoja de vida que figuraba en el Departamento Administrativo de la Función Pública, su declaración ante la Fiscalía en 2001 donde asegura no tener parentesco con el fiscal general con el fin de poder ser contratado por esa entidad, la hoja de vida que entregó al CTI en ese mismo año y la resolución de la Fiscalía en 2003 en la que es declarado insubsistente, entre otros.
Así las cosas, el CTI de la Fiscalía concluyó que, tras examinar “estilo caligráfico, contenido, estructura y diseño de los grafismos, tamaño, zonas de inicio y remate, desplazamiento lineal, proporción, fluidez, caja y base del renglón, calibre relativo de los trazos, concentración, angulosidad y curvatura de los signos”, los documentos coincidían: el testigo Édgar Villamizar era el mismo que firmó como Édgar Villarreal en las versiones que entregó al ente investigativo para el expediente de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En la audiencia en que Villamizar tuvo que dar muestras de su caligrafía, tanto la Fiscalía como los defensores de las víctimas notaron que el exmilitar tomó el lapicero de forma atípica. Ambas partes, sin embargo, sabían que la caligrafía es tan única como la huella digital.
Ante el juez 55 penal de Bogotá el suboficial indicó que la firma que aparecía al lado de unas declaraciones presentadas por la Fiscalía en 2005 “no correspondían a la suya”. Sin embargo, el estudio grafológico practicado indica que su letra se ajusta a la que aparece en dichos documentos en los cuales acusaba a un grupo de militares de participar en la desaparición de un grupo de personas.
En esa oportunidad, Villamizar indicó que las versiones que se le endilgan sobre la participación de un grupo de militares en una desaparición selectiva de personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 son falsas.
Precisó en su relato, que él solamente se ha presentado a declarar en este proceso ante la Procuraduría General en junio del año pasado, asegurando que no entiende por qué se le acusa de haber presentado algún testimonio a la Fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El cabo en retiro manifestó en tres oportunidades que ha recibido varias amenazas en contra de su vida, hecho por el cual se había resistido a presentarse a declarar en otros juzgados en los procesos en contra de militares por su presunta participación en la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia.
Frente a las preguntas por su participación en la operación de retoma del Palacio de Justicia, Villamizar Espinel aseguró que sí fue llamado como agregado militar desde la séptima Brigada de Villavicencio a Bogotá, sin embargo cuando llegó a la capital de la República ya había finalizado la toma.
En este punto, aseguró que solamente conoce al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y a la exfiscal Angela María Buitrago "por televisión", precisando que nunca ha tenido un contacto con ellos directamente.
Villamizar es considerado uno de los principales testigos en los procesos que se adelantan por la presunta responsabilidad de un grupo militares que participaron en las operaciones de retoma del Palacio de Justicia en actos de tortura y posterior desaparición de 11 personas a las que se habría acusado de pertenecer al M-19.
Sin embargo, en repetidas ocasiones los defensores de los militares acusados y la misma Procuraduría, han puesto en duda a este testigo, señalando que “fue suplantado” para que su testimonio involucrara a los comandantes de la operación con la desaparición de ocho empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
Con estos argumentos, la Procuraduría General ha solicitado en tres oportunidades que se absuelva al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien ya fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada.
Las firmas que aparecen en su declaración ante la Fiscalía y ante la Procuraduria General de la Nación en 2011 corresponden a la misma persona, precisa el informe grafológico.
CONJUECES DE LA JUDICATURA ENTUTELAN FALLOS POR EL CARRUSEL DE LAS PENSIONES
La acción fue presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado
La sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura presentó una acción de tutela en contra de la decisión adoptada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de entregar las investigaciones que se tenían por el llamado carrusel de las pensiones a la Contralora General.
En la acción presentada ante la Corte Suprema de Justicia, la sala de conjueces consideró que el fallo que ordenaba la entrega de los procesos en contra de un grupo de magistrados por presuntos nombramientos irregulares fue extralimitado.
Así mismo, los conjueces presentarán en los próximos días otro recurso jurídico ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en contra de la decisión con la que el altro tribunal determinó la competencia de la contralora General, Sandra Morelli para investigar a los magistrados, al considerar que era un proceso fiscal por lo que en este caso la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no podían adentar la decisión.
Los conjueces aseguraron que con la decisión de devolver las investigaciones se está violando la legitimidad del fuero constitucional que cobija al presidente de la República, al fiscal general de la Nación y a los magistrados de las altas cortes.
También, consideran que los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes violaron los principios constitucionales al desatender la competencia que se les había otorgado mediante sentencia emitida por los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura.
EL NUEVO SIGLO
CORTES DEBEN REGRESAR A DEBATIR REFORMA JUDICIAL"
A que estén presentes en el debate de la Reforma a la Justicia que se llevará a cabo la próxima semana en plenaria del Senado, instaron los congresistas a los magistrados de las Cortes.
Así se lo manifestaron legisladores de todos los partidos a EL NUEVO SIGLO, al considerar que la iniciativa debe salir con el consenso de todas las partes implicadas.
Guillermo García, del Partido Liberal, aseguró que estará atento a las instrucciones del vocero de la colectividad, pero que “definitivamente no podemos sacar adelante una Reforma a la Justicia sin que se cuente con el consenso con las altas Cortes”.
García lo primero que tiene pensado es pedir la palabra para solicitar que el Legislativo escuche a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
Para el también liberal Luis Fernando Duque uno de los temas que suscita controversia es el de los periodos de los magistrados. “No deben ser de 8 años, sino de 12. Los periodos de 8 años son cortos”. Duque dijo que se debe tener mucha experiencia en el tema de la Justicia.
Roy Barreras, del Partido de La U, aclaró que está a la espera de que una comisión, que está encargada de estudiar las modificaciones y proposiciones, rinda su informe, pero también considera que “es indispensable que se restablezca la comunicación con el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia”. El senador vallecaucano dijo que no es deseable una reforma donde no se escuche a los juristas.
El senador Jorge Eduardo Gechem, también de La U, explicó que acatará la determinación de la bancada, pero con la condición de estar vigilante a que exista una justicia pronta y oportuna.
Edgar Espíndola, del Partido de Integración Nacional (PIN), resaltó que lo primero que deben hacer como Partido es mirar el texto que salió de la Comisión Primera del Senado. Al igual que los demás congresistas, tras precisar que el Congreso continuará apoyando la iniciativa del Gobierno, instó para que exista un diálogo fluido y ameno con las altas Cortes.
El conservador José Darío Salazar resaltó que, como se ha hecho en otras ocasiones, introducirán modificaciones al proyecto con la finalidad de fortalecerlo cada vez más. Para él el tema más preocupante es la pérdida de investidura: “He escuchado algunas críticas frente al tema de la pérdida de investidura. Hay muchas voces que dicen que no se debe modificar, y otras señalan que les parece excesivo que si un congresista no se posesiona a los 8 días puede perder la investidura”. Igualmente manifestó que le pondrá mucha atención al tema de la doble instancia de los congresistas.
Carlos Ferro, de La U, dejó en claro que lo que quieren en realidad es que exista una verdadera administración de justicia y un equilibrio entre las Ramas del Poder Público.
Ferro agregó que otro elemento fundamental es que existan unos acuerdos frente a los funcionarios aforados. “Creemos que los colombianos deben tener toda la tranquilidad de que exista una pronta y cumplida justicia”.
Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, indicó que está a la espera de que sea presentado el texto de la ponencia para mirar si es el mismo o no. Aclaró que la postura del Polo en la plenaria del Senado será la misma, es decir van a trabajar para que haya una justicia pronta.
Mauricio Ospina, del Polo, manifestó que seguirá con los postulados que digan los senadores Cuellar y Luis Carlos Avellaneda, representantes de esa colectividad en la Comisión Primera. Anotó que para él el hecho de que hayan retirado el artículo del fuero militar le da un buen ambiente a la iniciativa.